UniversidaddeCádiz

Cumplen una década de cooperación, desde este título oficial de posgrado habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, y el decano del Colegio de Abogados (ICAB) de Jerez, Federico Fernández, han firmado – en el Campus de Jerez – dos convenios (general y específico) para regular la colaboración en la impartición del máster universitario en Abogacía de la UCA y fijar el modelo de financiación del título para los años 2021, 2022 y 2023. Han estado acompañados por la decana de la Facultad de Derecho, Isabel Zurita, la vicerrectora de Política Educativa, Eva Garrido, el coordinador del título de la UCA, Manuel Rozados, y la vicedecana del ICAB de Jerez, Inmaculada Delgado.

Francisco Piniella se ha congratulado por la consolidación de esta cooperación, que “tras una década, no puede ser de otra manera desde el punto de vista de una Facultad de Derecho con su rama profesional que es la Abogacía, agradecerles su colaboración para que nuestros estudiantes puedan tener estas competencias tan importantes para su futuro desarrollo profesional”. Federico Fernández ha subrayado que “el Colegio decidió transformar su escuela de Práctica Jurídica en unión con la Facultad de Derecho en un máster de la Abogacía, que ha sido una colaboración magnífica y tanto alumnado como docentes están contentos con este prestigioso título”. E Isabel Zurita ha explicado que hoy se realiza una ratificación con la firma de este convenio, “de una relación de más de 10 años entre sendas instituciones”, por lo que ha agradecido al Colegio su confianza y disponibilidad para que “todo se desarrolle lo mejor posible desde este título y esperamos que se mantenga en el tiempo como hasta ahora”.

Tomando como antecedente el convenio de colaboración suscrito entre sendas instituciones en 2011, al objeto de materializar la puesta en marcha de una oferta formativa consistente en la impartición conjunta de un máster universitario en Abogacía conducente a la habilitación para el ejercicio de la profesión de abogado (activo desde el curso académico 2012-2013), el nuevo documento que se ha suscrito sustituye al anterior para actualizar e incluir modificaciones oportunas de acuerdo a las normas aplicables en materia de duración de los convenios entre las universidades públicas y los entes de derecho privado, para la consecución de objetivos de formación académica propios de la función del servicio público docente universitario.