UniversidaddeCádiz

Una vez analizado el proyecto de Real Decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades, anunciado por el Gobierno de España, desde las universidades públicas de Andalucía saludamos una iniciativa que nuestras instituciones vienen demandando desde hace tiempo ante la proliferación desmedida de centros privados de dudosa calidad.

Asimismo, queremos poner de manifiesto que lo más relevante del debate suscitado por esta necesaria reforma es delimitar jurídicamente lo que se considera universidad, que en toda Europa se ciñe a las instituciones de educación superior que imparten docencia, investigan y transfieren el conocimiento que producen, sin importar su naturaleza pública o privada.

Si bien la normativa vigente ya acotaba en cierta medida los criterios para la creación de nuevas universidades, la laxitud de su formulación ha permitido que se dispare el número de centros académicos privados que no cumplen con los mínimos requisitos exigibles, y que comercializan títulos de igual validez legal a los que ofrecen las universidades. Esto supone, a todas luces, una merma en la calidad del sistema universitario español, y una fuente de desequilibrios y competencia desleal hacia las universidades, ya sean públicas o privadas.

De no revertirse esta situación, la deriva actual nos encamina hacia un modelo de mercantilización del derecho a la educación incompatible con la existencia de un sistema universitario de calidad. Además, la progresiva sustitución de un modelo público por uno privado también llevaría aparejados profundos cambios sociales, como la eliminación de la igualdad de oportunidades y la meritocracia. El trabajo, el esfuerzo y la capacidad del estudiantado dejarían de ser determinantes, ya que solo importaría su nivel de renta. En definitiva, sería ponerle precio al futuro de nuestras y nuestros jóvenes.

De igual forma, el sistema universitario está intrínsecamente ligado al modelo de desarrollo económico, social y cultural que se persigue. Si nuestra sociedad apuesta por un modelo de alto valor añadido y que aumente nuestra soberanía, por ende basado en ciencia y tecnología, el camino más seguro y directo pasa por fortalecer las capacidades de las universidades públicas, que responden única y exclusivamente al interés general.

Por tanto, confiamos en que se siga avanzando en esta senda, que debe culminar en un acuerdo entre todas las administraciones implicadas para alcanzar, cuanto antes, el suelo de inversión pública del 1% del PIB como exige la LOSU.